17 AÑOS DE IMPUNIDADPor: Víctor Lizárraga Guerra (*)
El 23 de abril del presente año, el Juez del Primer Juzgado Penal de Huancayo a través de la resolución Nº 02 apertura instrucción en la vía ordinaria en contra de 06 altos mandos del Ejército Peruano, por los delitos de lesa humanidad, quienes tenían el control político-militar en el departamento de Junín en el periodo 1989-1993.
Las desapariciones y asesinatos de: estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) durante los años de la violencia política, constituye el caso más emblemático de la sistemática violación de los derechos humanos producidos en nuestra región.
Las investigaciones desde un inicio estaba a cargo de una fiscalía Ad Hoc, que tenia la responsabilidad de identificar a los autores de los asesinatos y desapariciones, sin embargo, se presentaron inconvenientes tales como: la pérdida del expediente, la desactivación de la fiscalía especializada, entre otros. El año 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomienda al Ministerio Público la judicialización del Caso UNCP.
El 08 de marzo del presente año el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, formalizo denuncia penal contra: Manuel Jesús Delgado Rojas, Elías Fernando Espinoza de Valle, Luis Augusto Pérez Documet, Danilo Nicolás Gonzales Campana, Boris Adolfo Rosas Esquivel y David Jaime Sobrevilla en agravio de 86 víctimas del caso UNCP, en base a la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados, teoría desarrollado por Roxin y que fue adoptado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para condenar al Ex Presidente Alberto Fujimori en los caso: La Cantuta y Barrios Altos.
Después de 17 años el Caso UNCP se judicializará, cabe mencionar, que ha sido declaro complejo, motivo por el cual la instrucción estará a cargo del Juzgado Supraprovincial de Lima quien deberá impulsar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, ello implica también que los testigos, familiares, etc, deberán trasladarse a la capital.
La verdad es un derecho constitucional que todo ciudadano tiene con la finalidad de conocer cuáles fueron las causas de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, evitar la impunidad para construir una sociedad justa es tarea de todos.
(*) Abogado.
