ACTO HOMENAJE

VIVA LA LUCHA SINDICAL EN EL PERÚ (*)

SAÚL CANTORAL MARTIR DEL PROLETARIADO MINERO ¡PRESENTE!

La lucha de los trabajadores ha caracterizado la historia de nuestro pueblo. Gracias a los trabajadores tenemos derechos que no han podido ser erradicados incluso de la Constitución Fujimorista de 1993, sin embargo cada vez es más una necesidad urgente que la clase trabajadora siga organizándose y luchando para dignificar la vida en nuestro país.

La realidad de nuestro país nos muestra el abuso y la represión permanente en contra de los trabajadores, como en el caso de los trabajadores azucareros enfrentando una ardua lucha que viene desde fines del año pasado frente a la ola de embargos que viene realizando la SUNAT dejándolos sin empleo, la persecución de dirigentes mineros de Casapalca, muestra de ello la nueva detención de los compañeros Pedro Condori y Antonio Quispe, y la ya conocida indiferencia del gobierno como de los principales medios de comunicación.

El movimiento sindical en el Perú viene reconstruyéndose, reorganizándose y recuperándose luego de la represión cruel que llevó a cabo el primer gobierno de García y la Dictadura Fujimontesinista, bajo una política de terrorismo de Estado que más que enfrentar al Senderismo terminó destruyendo a la organización popular, que para fines de los 80 ya era una gran fuerza capaz de paralizar todo el país, así sucedió en el gran paro nacional de 1977 y posteriores luchas que obligaron a la dictadura militar de entonces (Morales Bermúdez) a convocar a una asamblea constituyente para la redacción de una nueva constitución.

La fuerza popular y la obrera estaba clara y consciente de la necesidad de un cambio estructural en nuestro país para una sociedad más justa e igualitaria, la necesidad de que sea la clase trabajadora la que tenga el verdadero poder político, única garantía de que sus derechos no sean arrancados, como sucedió indefectiblemente; durante la década de los 90.

La desprotección de los derechos laborales y la aplicación del neoliberalismo le arrebata hoy a los trabajadores la libertad sindical y la estabilidad laboral, resumiéndose esto en una lamentable resignación a aguantar un trabajo indigno y sin derechos.

SAUL CANTORAL HUAMANÍ, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores MINEROS, METALURGICOS Y SIDERURGICOS DEL PERÚ, el primero en la unificación de todos los sindicatos mineros, dirige admirablemente dos grandes e históricas huelgas durante el primer gobierno del APRA en 1988, enfrentando la represión del Estado llena de amenazas y asesinatos, en medio del recrudecimiento de la guerra interna y de la crisis económica. Sin embargo como era de esperarse ante el éxito de la lucha minera, el Gobierno Aprista a través del Comando Rodrigo Franco, asesinó cruelmente a Saúl el 13 de febrero de 1989, crimen hasta hoy impune.

La vida y muerte de Saúl Cantoral, al lado del contexto de avance del Movimiento Sindicalista de clase de nuestro país, nos deja la lección de que las luchas de nuestro pueblo, la de los trabajadores, son siempre enfrentadas y perseguidas por el gobierno de turno, tratando como criminales a quienes luchan por justicia social y que los crímenes realizados contra el movimiento popular, en este caso el sindical, se mantienen aún en la impunidad.

La Coordinadora Contra la Impunidad saluda al movimiento sindical en nuestro país y se reafirma en la necesidad de seguir luchando por los derechos de los y las trabajadoras, enfrentando la persecución y la impunidad del Estado.

¡SAUL CANTORAL VIVE EN LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS!

¡CON TU EJEMPLO VENCEREMOS!

(*) Pronunciamiento de la Coordinadora contra la Impunidad

POR JUSTICIA Y POR VERDAD

Este JUEVES 23 se da inicio a la

IV Jornada Interuniversitaria por los Derechos Humanos

Te esperamos!

http://contraimpunidadperu.blogspot.com/2010/09/iv-jornada-interuniversitaria-por-los.html

Proximamente:

Jueves 7 de Octubre en la Universidad Nacional del Callao

Miércoles 20 de Octubre en la Pontificia Universidad Católica del Perú

Viernes 29 de Octubre en la Universidad Nacional de Ingenieria.

ALTO A LA IMPUNIDAD

NUEVOS DECRETOS PERMITEN AMNISTIA AL GRUPO COLINA Y DEMAS ASESINOS

Pronunciamiento ante la publicación por parte del ejecutivo de los decretos 1097, 1094, 1095 y 1096

En medio de la coyuntura electoral, y el importante proceso de lucha en defensa del gas; el gobierno aprista amparado por las facultades legislativas otorgadas por el congreso; en la línea de implementar un marco legal que le permita al estado mantener el gobierno del miedo para aminorar las luchas que se alzan contra la implementación del modelo neoliberal que explota y empobrece al pueblo, aumentó cuatro decretos mas a la larga lista de normas que viene aprobando para criminalizar la protesta popular y asegurar un futuro de impunidad a agentes del estado, genocidas, como el grupo colina y el mismo Alan García.

Integración Estudiantil, rechaza tajantemente la aplicación de estos decretos que burlan a miles de familiares y en general a toda la sociedad; que aún no olvida como fueron desaparecidos, secuestrados, torturados y asesinados nuestros compatriotas que aún no reciben justicia, entre ellos miles de estudiantes desaparecidos y asesinados. Esta política ya se ha hecho manifiesta por, las sentencias de la Sala Penal Nacional que sentencian absolutoriamente a militares asesinos e insultan a los familiares exigiéndoles demuestren la existencia de las víctimas, por el entorpecimiento de los procesos por parte del Ministerio de Defensa que no otorga información alguna sobre detenciones y por el Instituto de Medicina Legal que hace muy poco por descubrir los restos de las llamadas “fosas comunes” y que incluso entorpece el trabajo del Equipo Peruano de Antropología Forense.

Los cuatro decretos legislativos favorecen a los asesinos declarando que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad solo rigen para aquellos cometidos desde el 2003, contraviniendo lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la sentencia contra el dictador y genocida Fujimori y da cabida para el cumplimiento de condena, en cualquier dependencia militar o policial. No cabe duda que los derechos humanos y el cumplimiento de la ley solo existe para los poderosos y los “dueños” del país.

Desde el movimiento estudiantil, debemos alzar nuestra voz de rechazo y protesta contra la política legislativa de impunidad que viene ejerciendo el asesino gobierno aprista cuyas manos están manchadas de sangre desde su primer gobierno, (Matanza de los penales, Frontón, Accomarca, Cabitos, Molinos), hasta este último con el Baguazo. No cabe duda que el objetivo es preparar una fuerte arremetida contra las luchas populares e incluso volver a cometer atroces delitos contra los dirigentes y luchadores sociales para así frenar bajo el terror estatal el avance del pueblo que ya le ha hecho retroceder en la concesión de nuestro recursos naturales y en defensa de la soberanía. No lo lograrán.

Comité Ejecutivo de Integración Estudiantil

Setiembre de 2010

A SIETE AÑOS DEL INFORME FINAL DE LA CVR

¡NI OLVIDO, NI PERDON!

Aunque el panorama político nacional y el espectro de partidos burgueses es poco afín a la memoria colectiva, puesto que dicha acción es una potencial afrenta a la historia como la quieren ver contada, los colectivos surgidos de los menos favorecidos, a quienes su historia posterga, tenderán siempre a la construcción del recuerdo, ya que sólo éste puede ser punto de partida del futuro con esperanza, sin él, el porvenir también queda en el olvido.

A siete años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es muy poco lo que se avanza en materia de judicialización de los casos, incluso antes y después de los juicios al dictador Fujimori y algunos miembros de la cúpula militar. Cuando la judicialización existe, la lógica del sistema es salvaguardar en la impunidad a los asesinos y torturadores. El problema principal lo genera el desinterés político en este asunto, y es que, con la marca sobre la frente es difícil señalar con el dedo, por ello, ya sea desde las posiciones cercanas al fascismo en todos sus colores o desde el nacionalismo burgués, los proyectos políticos no tienen la pretensión cercana de comenzar a hablar de la memoria, el conflicto interno y las graves violaciones a los derechos humanos que viene sufriendo nuestro pueblo no únicamente desde la década de los ochenta sino de mucho antes y hasta nuestros días (véase la cantidad de muertos en conflictos sociales que ya tiene el aprismo en su último “des”gobierno).

Para el tema recurrente, en la UNMSM sucedieron varios casos, de los cuales no hay conocimiento ni siquiera de su acaecimiento entre la comunidad universitaria y que fueron señalados, algunos de ellos, por el Informe de la CVR; éstos son los más conocidos:

- Javier Arrasco Catpo: Asesinado el 31 de mayo de 1988 durante una movilización en Cangallo, al lado de la Facultad de Medicina.

- Carlos Amilcar Barnett Azpur: Le apodaban "el gringo", era estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNI, y estudiaba al mismo tiempo Derecho en la UNMSM. Murió por un disparo de bala en la cabeza durante una marcha de San Marcos contra el primer gobierno aprista el 18 de Julio de 1988 (Paro convocado por la CGTP).

- Hernán Pozo Barrientos (21 años): Estudiaba Antropología. Fue asesinado por la Policía el 12 de octubre de 1988 en las inmediaciones del Patio de Letras, por una bala disparada a la cabeza.

- Luis Miguel Pasache Vidal: El 13 de agosto de 1988 fue detenido en las inmediaciones de su casa en el distrito de SMP, al día siguiente su cadáver fue encontrado por pescadores en la playa Puerto Viejo con un orificio de arma de fuego en el cráneo. Lo asesinó el Comando Rodrigo Franco.

- Hugo Aliaga Ordaya (28 años): Estudiaba en la Facultad de Administración, fue detenido el 22 de septiembre del 1988 y luego desaparecido. Había participado en el paro del 18 - 19 de Julio de 1988. Asesinado por el Comando Rodrigo Franco.

- Oswaldo Haro Castillo (26 años) y Jorge Manuel Silva Seminario (25 años): El 12 de abril de 1990, sus cadáveres fueron encontrados en el interior de una acequia de regadío, a la altura del Km 32 de la carretera Carabayllo. Ambos eran estudiantes de la facultad de Medicina de la UNMSM y habían sido secuestrados 6 días antes.

- Juan Gregorio Felipe Maquera (21 años): El 11 de junio de 1991 es detenido en la puerta que da a la Facultad de Odontología de la Ciudad Universitaria, y luego desaparecido. Ese día el dictador Fujimori había ingresado al campus sanmarquino siendo repudiado por cientos de estudiantes.

- Juan Vargas Vallejo: Vivía en la Residencia Universitaria. En diciembre de 1992 es detenido en el distrito de SMP, nunca más volvió a aparecer. La Base de Acción Cívica (BAC) de San Marcos ya se había instalado y constituía un verdadero centro de espionaje e inteligencia del ejército.

Como la mayoría de estudiantes en aquella época, muchos de ellos abrazaban ideales de cambio y transformación, pertenecían a las más diversas tendencias de organizaciones de izquierda y eran activos partícipes en la construcción de sus ideas. Al momento de morir ninguno de ellos estuvo armado, ninguno repelió con fuego el fuego que los mató. Fueron alevosamente asesinados por los mastines de la política represiva del Estado, y sin embargo, hoy existe la tendenciosa creencia que todos fueron “terroristas” y que por esa causa están muertos. Tal ignominia no puede ser permitida.

Los esfuerzos por la búsqueda de justicia y verdad, por ello, cobran mayor trascendencia en una sociedad infecta de titulares de prensa escrita y audiovisual contraria a la práctica del ejercicio de los derechos más fundamentales por parte de importantes sectores de la población. La gran prensa nacional, eterna lacaya del poder económico, no hace más que representar una posición política esgrimida por los sectores más retardatarios de la sociedad, liderada por el propio Poder Ejecutivo, quienes defienden tesis como la mencionada en el párrafo anterior para justificar sus actos.

Los estudiantes, quienes estamos del lado de los olvidados, hemos tomado conciencia desde hace muchos años que es de suma importancia vincularnos a esta lucha por el alcance de justicia y en contra de la impunidad, por ello desde la Coordinadora contra la Impunidad hemos articulado un trabajo, no en un afán superficialmente caritativo o bajo una mascarada de falso humanismo liberal, sino en la comprensión concreta que bajo el recuerdo y la defensa de la memoria de aquellos que fueron asesinados, torturados y desaparecidos está también la pugna cotidiana contra el poder, el mismo poder en contra del cual vivieron y por el cual murieron. En esta experiencia en la que hemos encontrado grandes amistades y aprendido sustancialmente, son no pocos los retos que faltan afrontar, más aún cuando se vive en una sociedad profundamente desinformada y con conciencias arrolladas por la cultura neoliberal.

La tarea de quienes aportan en la construcción de memoria y verdad no es entonces un camino de rosas, pero constituye en parte un deber para con las generaciones que nos precedieron y que entregaron todo de sí. En esta lid, nos diferenciamos de las posiciones que afirman la búsqueda de perdón y reconciliación, mas aún nos distanciamos de las que piden amnistía y olvido para los crímenes de los represores y asesinos; nuestra consigna al lado de los familiares de las víctimas será siempre por justicia y por verdad, ¡ni perdón, ni olvido!.

CRONICA

LOS RETOS DE LA JUSTICIA EN "DEMOCRACIA"

Como lo han hecho durante los últimos años, los compañeros participantes de la Coordinadora contra la Impunidad realizaron el pasado Jueves 15 de Julio el evento conmemorativo al Caso del secuestro y asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. El evento fue coorganizado por el Centro Federado de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM y los familiares del recordado caso.

Desde las 4:00 de la tarde los invitados fueron llegando al aula 131 del primer piso de la Facultad de Derecho y CP, luego que fuera denegada la autorización de realizarlo en el Auditorio Jorge Eugenio Castañeda por negativa de las autoridades que, demostrando su ignorancia, alegaban que eran actividades políticas ajenas a la formación universitaria, en clara alusión al evento tan mentado por la prensa y el gobierno, y que, contradictoriamente, proponía en esencia la continuidad de la impunidad para los asesinos del pueblo.

Con determinación habló el primer ponente, Lic. Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal y abogado de la parte civil durante el Megajuicio al ex dictador. Refirió que a pesar de que el Juicio a Fujimori y particularmente los casos Cantuta Y Barrios Altos debieron sentar importantes precedentes, las ultimas sentencias sobre casos de violaciones a los Derechos Humanos representan un retroceso; así, en solo un 15% los responsables han sido procesados y condenados, el resto ha sido absuelto.

Y es que lamentablemente existe una tendencia a la absolución que refuerza los criterios de impunidad basándose no en la valoración, teóricamente correcta, de la prueba indiciaria, debido a la complejidad de los casos en que la intención expresa de los altos mandos políticos era mantener oculto lo acontecido, sino en la falta de pruebas, únicamente directas, y sin valorar como corresponden los testimonios de los familiares, contra quienes se orquesta también una campaña de desprestigio desde los medios y el gobierno.

Esta política se hace manifiesta con la intención de aprobar la Ley 29548, referida a la justicia militar, el uso de la fuerza y normas de carácter procesal, que buscarían que nuevamente sean los tribunales militares a través del Consejo Supremo de Justicia Militar los que traten los casos de violaciones de DDHH. Este retroceso en materia procesal forma parte de todo un esquema de defensa de la impunidad y olvido, que, como señaló Rivera, no cura las heridas sino que las reabre, en un contexto en el que las causas que generaron la violencia no han sido tocadas y mucho menos, solucionadas.

Jo - Marie Burt, escritora y docente de la George Madison University, habló del significado de la sentencia en el Caso Cantuta y como pese a la existencia de testimonios directos de miembros de del grupo paramilitar “Colina” aun no se autoriza el peritaje de los supuestos lugares donde estarían enterrados los cuerpos de los cantuteños, lo que demuestra una preclara vocación de negligencia en cuanto a la resolución de esta grave situación en la que conociéndose a los actores involucrados y su proceder delictivo, no se llega al fondo de la verdad.

Explicó que de los casi 15 mil desaparecidos como cifra aproximada, actualmente hay solo 1200 exhumados y 600 identificados; revelando las proporciones numéricas de esta tragedia que se mantiene por la no existencia de una decisión política favorable al esclarecimiento y sanción de los casos de violaciones de DDHH.

Respecto del polémico tema de la amnistía refirió que el caso más resaltante de impunidad surgido de Leyes de Amnistía (Leyes de Punto Final y Obediencia Debida) ocurrió en la Argentina durante el gobierno del presidente Raul Alfonsín, famoso líder de la “transición democrática”; leyes contra las que posteriormente falló la Corte Suprema, procesando a los responsables de torturas y asesinatos durante la dictadura militar en el país gaucho.

Por parte de los familiares, la voz de Carmen Amaro señaló con claridad que el gobierno utiliza el viejo discurso del fantasma del terrorismo para justificar así una intervención administrativa y/o policial a los claustros universitarios, como tantas veces en el pasado lo hicieron otros gobiernos autoritarios.

El acto finalizó con la participación de artistas de canto y música popular, en la que la participación estudiantil no podía faltar y que reforzó una vez más los lazos de fraterna unidad entre quienes luchan contra la impunidad y el olvido.